Inmigrantes indocumentados también tienen derechos en los Estados Unidos

Por El Abogado: McClain DeWees

El Miércoles, Enero 25, 2017, el Presidente Trump firmo una orden ejecutiva relacionada a los problemas con inmigración. La orden ejecutiva titulada “Mejorando la Seguridad Publica en el Interior de los Estados Unidos” se dirige a las áreas del  Departament of Homeland Security (DHS) implementando prioridades, fortaleciendo programas para facilitar la eficiencia y la ejecución leal de las leyes de Inmigración de los Estados Unidos, ejecutando el criterio de los fiscales los cuales deciden si se persigue o se cierra un caso, estableciendo Víctimas de Crímenes  Cometidos por Inmigrantes (VOICE), adicionando contratos para oficiales de ICE y agentes, la creación de programas autorizados para colectar multas civiles y penalidades, nivelando las pólizas de privacidad de DHS con la ley, colectando y reportando información de aprensión y liberación de foráneos. Uno de los aspectos más preocupantes de esta orden ejecutiva para las personas indocumentadas es el cambio en la implementación de prioridades de DHS.

En la orden ejecutiva, el Presidente Trump ordeno a DHS a priorizar la deportación de extranjeros no ciudadanos y los cuales:

• Han sido convictos de cualquier ofensa criminal;

• Han sido acusados de cualquier ofensa criminal, donde este cargo no ha sido resuelto;

• Han cometido actos que puedan constituir una ofensa criminal;

• Han estado involucrados en fraude o en alguna tergiversación deliberada en conexión con cualquier asunto oficial o aplicación ante una agencia del gobierno;

• Han abusado de algún programa relacionado con beneficios públicos;

• Están sujetos a una orden final de deportación, pero no han salido aun; o

• De otra forma ponen en riesgo la seguridad pública o la seguridad nacional.

Este cambio de la implementación de prioridades de inmigración es diferente a la del Presidente Obama, el cual estaba escalonado en tres categorías de prioridades de deportación.

La primera prioridad eran los extranjeros no ciudadanos que eran considerados una amenaza a la seguridad nacional, a la seguridad fronteriza, y la seguridad pública. Esto incluía a personas relacionas con o sospechosas de terrorismo y espionaje, o que de otra forma amenazaban la seguridad nacional, miembros de pandillas convictos, personas aprendidas en la frontera intentando entrar al país de forma ilegal, y personas convictas de felonías (aparte de las ofensas relacionadas con el estatus de inmigración de la persona) o felonías agravadas.

La segunda prioridad eran los extranjeros no ciudadanos, los cuales fueran convictos de delitos menores y violaciones de inmigración.

La tercera prioridad para los extranjeros no ciudadanos los cuales tenían otras violaciones de inmigración.

El cambio en la implementación de prioridades hace que todas las personas indocumentadas en los Estados Unidos sean prioridad para ser deportados, especialmente aquellos dentro de las categorías mencionadas.

En diferencia a la implementación de prioridades anteriores en la nueva orden no están clasificados y son presentados igualmente con la misma importancia.

Bajo esta prioridad implementada, las personas indocumentadas presentes  en los Estados Unidos se han hecho prioridad porque entrar ilegal es un crimen bajo la ley 8 U.S.C §1325.

También, DHS puede  deportar a quien haya entrado con una U.S visa y se ha quedado violando su visa porque la orden ejecutiva afirma la posición de que estas personas posan una amenaza a la seguridad nacional y a la seguridad pública.

En Kentucky, ICE actualmente se mantienen enfocados en las personas que representen un riesgo mayor a la seguridad o aquellos que han cometido crímenes significantes. De todas formas es poco claro si esto pudiera cambiar en el futuro.

Inmigrantes indocumentados y aquellos que poseen visas también tienen derechos en los Estados Unidos. Por ejemplo, el derecho a la igualdad de protección de la ley y el derecho a un debido proceso. Esto incluye el derecho a la representación por un abogado en una corte de inmigración, pero el gobierno no está obligado a proveerle uno. Adicionalmente, bajo la cuarta enmienda inmigrantes indocumentados tienen el derecho de negarle a cualquier oficial la entrada a su casa sin consentimiento a menos que el oficial tenga una orden de búsqueda. Por favor busque asesoramiento de un abogado de inmigración para discutir sus derechos y que tipo de mitigación está disponible para usted.

Tiene dudas puede consultar al equipo de Abogados que hablan español  de   McClain DeWees al 502-589-1004

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